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CUENTA PUBLICA DEL MINISTERIO PUBLICO
IV REGION DE COQUIMBO.
FISCAL REGIONAL DON ENRIQUE LABARCA CORTES
(ART. 36 DE LA LEY 19.640)
En cumplimiento a lo establecido en nuestra Ley Orgánica Constitucional y, en mi calidad de Fiscal Regional de la IV Región de Coquimbo, procedo a rendir ante la comunidad de Vicuña, en la región de Coquimbo, la Cuenta Pública correspondiente al período comprendido entre el uno de enero y el 31 de diciembre de 2011, detallando las actividades desarrolladas en la región, con especial énfasis en las estadísticas básicas, en los proyectos institucionales y regionales, el uso de los recursos otorgados y ejecutados en el ejercicio pasado y las dificultades que se hubieren presentado. Debo explicitar que para esta Fiscalía Regional es un orgullo rendir cuenta pública en este hermoso valle, cuna de nuestra querida Gabriela Mistral. La elección del lugar no es azarosa, tiene como objetivo sustantivo, dar profundas señales de descentralización. Nuestra institución es de todos y no solo de las grandes urbes y, actos tan relevantes para la comunidad como este, requieren de una sensibilidad que propenda a comprender que todos tienen los mismos derechos de información y conocimiento de nuestra gestión. Desde el inicio de su implementación, el Plan Estratégico 2009-2015 de la Fiscalía de Chile ha servido de eje orientador del quehacer institucional para todos los Fiscales y Funcionarios de la Fiscalía, quienes, a pesar del aumento sostenido de las cargas de trabajo, han mantenido un firme compromiso con los desafíos consignados en éste con miras a direccionar los esfuerzos y los recursos hacia la consecución de nuestra Visión, Misión En este contexto, nuestras acciones han estado directamente orientadas a llevar a cabo nuestras funciones constitucionalmente consagradas, en forma cada vez más eficiente y eficaz, bajo un modelo de trabajo orientado al mejoramiento continuo de nuestra gestión jurídica y administrativa, que soporta su estructura en las personas, en los procesos estandarizados y en la tecnología aplicada, de manera que integrados estos elementos, permitan lograr en aproximaciones sucesivas, la obtención de mejores resultados en la búsqueda de la calidad y la excelencia en la persecución penal y en la protección y atención En este marco y, como resultado de esta mejora continua, cabe explicitar a ustedes que la gestión de nuestra región mantuvo un 100% de cumplimiento en los indicadores y metas a nivel de todas nuestras fiscalías locales. Para lograr estos resultados contamos con el valioso aporte de nuestro equipo humano regional y, consecuentemente, con actividades destinadas a la referida consolidación de los procesos de trabajo, tanto en las Unidades de la Fiscalía Regional de Coquimbo como a nivel de las Fiscalías Locales, especialmente mediante la definición de los servicios estratégicos y operativos que corresponden a cada uno de los Centros de Responsabilidad definidos al interior de nuestra organización. Mejoramiento de la Persecución Penal como Resultado del Mejoramiento continuo de
la Gestión Administrativa de la Fiscalía de Chile .
La definición de políticas generales para el diseño e implementación de un modelo de mejoramiento continuo, han permitido proyectar nuestra gestión en el tiempo. El actual modelo implica dar un soporte administrativo permanente y potente, de manera de generar una plataforma que permita sustentar el mejoramiento jurídico, de persecución penal y de atención y protección a víctimas y testigos. Esto se ha logrado haciendo participar, integrando y comprometiendo al capital humano; desarrollando equipos de mejora; incorporando el uso de herramientas técnicas que permitan la sistematización de la información; ejerciendo un liderazgo efectivo; manejando la gestión del cambio conductual para generar una cultura organizacional más generosa; haciéndose cargo de la implementación de sistemas de mejoramiento de la atención de los usuarios, entre otras Desde que este Fiscal Regional asumió la responsabilidad de dirigir la Fiscalía Regional de Coquimbo, impulsamos fuertemente el mejoramiento de los procesos de trabajo con miras a la obtención de mejores resultados cuantitativos y cualitativos que permitieran dar satisfacción a los usuarios internos y externos de la Fiscalía de Chile. Lo señalado, en el marco de los cuatro lineamientos estratégicos consignados en nuestra Plan Estratégico 1.- El desarrollo de una persecución penal eficiente con estándares de calidad; 2.- El mejoramiento continuo de la gestión administrativa; 3.- El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional; y 4.- El potenciamiento de la atención y protección a víctimas y testigos. Una vez diseñados e implementados los procesos de trabajo, que permitieron estabilizar las altas cargas laborales, se apostó fuertemente por el desarrollo y concreción de diferentes proyectos de carácter jurco-administrativosstra sponden ontinua, o las dificultades que se s a los 18 años de presidio efectivo. de robos de cobre, cañerídico-administrativo los cuales durante el año 2011, tuvieron un fuerte impacto en el mejoramiento de los resultados de persecución penal y la protección y atención de víctimas y testigos. Estos proyectos fueron abordados por distintos equipos de trabajo que, en el marco de la gestión de calidad, son llamados equipos de mejora. En estos equipos participó más del 50% de la dotación regional de fiscales y funcionarios, demostrando no solo una alta vocación por dar una respuesta a las necesidades de nuestros usuarios, sino también una gran motivación por hacerse partícipes directos de proyectos de mejora que, en definitiva, consolidan la institucionalidad y Dentro de estos proyectos destaca, especialmente, el Programa de Mejoramiento de la Persecución Penal como parte relevante del cumplimiento del lineamiento estratégico del desarrollo de una persecución penal eficiente con altos estándares de calidad. Durante el año 2011 se desarrollaron líneas de trabajo en las que participaron el Fiscal Regional, Directivos de la Fiscalía Regional, todos los fiscales adjuntos de la Región de Coquimbo y Abogados Asesores, a fin de desarrollar un programa que permitiera mejorar los resultados del ejercicio de la acción penal pública que corresponde exclusivamente a la Fiscalía de Chile una vez cometidos los ilícitos penales. Esta actividad se inició con un diagnóstico acabado de la situación actual, que permitió conocer los problemas jurídicos particulares en cada fiscalía local. Una vez definidas las áreas prioritarias, los propios fiscales adjuntos, aportando su experiencia, trabajaron durante el segundo semestre del año 2011 en un levantamiento más específico de la realidad regional, para posteriormente avanzar a las etapas de diseño, planificación, ejecución y evaluación de esta primera fase del proyecto. La primera línea de acción correspondió a la de Evaluación de Partes, cuyo objetivo estuvo centrado en uniformar los criterios de evaluación de denuncias, dependiendo del delito denunciado y las circunstancias del caso, permitiendo con esto hacer más eficiente los recursos con que se cuenta para la investigación de delitos en sus primeras etapas de desarrollo y los casos que son sometidos a control de detención. En el mes de enero comenzó el Plan de Implementación del uso de la Guía Práctica de Instrucciones Generales para la Policía, la cual contiene las instrucciones generales que dispone la ley para el cumplimiento de la labor de Carabineros de Chile en coordinación con los Fiscales del Ministerio Público, especialmente relacionadas con aquellas actuaciones que les corresponde realizar sin necesidad de recibir previamente instrucciones de los fiscales adjuntos. De esta forma, se concretó, a nivel regional, un trabajo conjunto que se había iniciado con la coordinación entre el Fiscal Nacional y el Director General de Carabineros para la generación de un documento, a nivel país, que aborde la problemática de la falta de estandarización de criterios de actuación en las primeras diligencias, el cual fue replicado en todas las fiscalías locales para su implementación en las Unidades Policiales del país y de Adicionalmente y, con el objeto de evaluar oportunamente el riesgo al que pueden estar sometidos quienes sufrieren delitos de violencia intrafamiliar, la Fiscalía Regional implementó un formulario denominado Auto Reporte, el cual debe ser completado por todos las víctimas, al momento de realizar la denuncia ante Carabineros de Chile. En este formulario los usuarios consignan de puño y letra sus antecedentes personales indispensables tales como su dirección y número telefónico, de manera que la Fiscalía los pueda contactar dentro de 24 horas de ingresada la denuncia en la respectiva Fiscalía Local. Para llevar a cabo esta implementación, el Fiscal Regional coordinó junto al General de Carabineros las capacitaciones necesarias a los funcionarios policiales y la entrega de los formularios a las respectivas unidades para que, una vez completados por las víctimas, fueran remitidos junto al parte de denuncia a la fiscalía respectiva. Este procedimiento es de gran simpleza y utilidad por lo ya explicitado, sin embargo es necesario reconocer que aún existe un nivel importante de unidades policiales que siguen con un uso limitado de este auto reporte, lo que ciertamente es necesario corregir. Otras áreas revisadas en el Plan de Mejoramiento de la Persecución Penal, correspondió a los criterios para las formalizaciones y las acusaciones, junto con el manejo de los archivos centralizados de carpetas de investigación, que permitieron a los equipos locales contar con criterios uniformes frente a determinados delitos, de modo de mejorar la gestión al interior de los equipos operativos de las fiscalías locales. Uno de los resultados concretos de todas estas actividades dirigidas al mejoramiento de la persecución penal, estuvo constituido por el aumento de un 11% de los sujetos que son sometidos a control de detención, más de 10.300 imputados, y por el aumento de los requerimientos inmediatos ante Juzgados de Garantía por faltas y simples delitos en un 16%, casi 4.000 requerimientos inmediatos para el periodo. Asimismo, el conjunto de todas estas iniciativas ha permitido gestionar una alta cantidad de causas que las fiscalías locales deben investigar. En efecto, en el periodo 2011 alcanzaron la cantidad de 47.293 denuncias, lo cual representa un importante alza de un 8% más que las Cabe hacer presente que, del total de ingresos, los delitos más violentos, representados normalmente por los homicidios, los delitos sexuales, las infracciones a la ley de drogas y los robos con violencia o intimidación, en la región no alcanzan a representar el 10% de las denuncias, lo cual refleja que, en nuestra región, se mantiene una criminalidad de baja Sin embargo, a pesar del aumento de denuncias señalado, el mejoramiento de los procesos de trabajo ha permitido hacer más eficiente y efectiva la gestión, lo que nos ha llevado incluso a aumentar la cantidad de casos terminados en el periodo, alcanzando éstos 47.627 causas, un 9% más que el periodo anterior. Más aun, la judicialización se mantuvo en un alto porcentaje, superior al 40% y ubicándose sobre la media nacional, comprendiendo aproximadamente diez mil sentencias definitivas. Considerando el total de sentencias, las sentencias condenatorias representan el 92% de las Adicionalmente, más de 10.300 imputados fueron sometidos a control de detención, un 11% más que el periodo anterior; se realizaron casi 3.700 formalizaciones por crímenes y simples delitos; se presentaron más de 1.200 acusaciones; se generaron más de 14.300 requerimientos simplificados y monitorios por faltas y simples delitos, y se decretaron más de El resultado de este trabajo precedió a la reciente creación de un equipo especial para abocarse al análisis, estudio, investigación y persecución de los hechos constitutivos de crímenes o simples delitos cuya complejidad investigativa, naturaleza, afectación a múltiples víctimas, conmoción pública u otros factores calificados, hagan indispensable la existencia de un grupo multidisciplinario de investigación que se aboque preferentemente al desarrollo de Otro proyecto de gran relevancia para la persecución penal, ahora en el marco del lineamiento estratégico del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, se realizó con la Policía de Investigaciones de Chile para el diseño e implementación de una metodología para la consecución de un mejoramiento de los procesos de trabajo y de la coordinación de todos los intervinientes en las investigaciones de denuncias de delitos sexuales, conjuntamente con la inauguración de una cámara Gessell en dependencias de la Brigada de Delitos Sexuales, gracias a un proyecto conjunto a nivel regional de ambas instituciones, la cual permitirá a la Fiscalía trabajar para establecer un sistema de entrevista única, con registro audiovisual, en la que participará un equipo interdisciplinario de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones, de tal forma de disminuir una de las situaciones que se considera más re-victimizante para las personas que han sufrido un delito de esta naturaleza, cual es la repetición que deben realizar de los hechos ante diversos actores del proceso penal. Por cierto que este proyecto de mejora asociado a la investigación de delitos sexuales, tuvo como objetivo general establecer un sistema uniforme de actuación en la región en las investigaciones por este tipo de delitos, que implique un apoyo efectivo a los fiscales en su labor y propenda a disminuir los efectos adversos que significan para las víctimas participar Asimismo, se espera poder aportar información relevante a los fiscales, policías, profesionales del Servicio Médico Legal y de la red asistencial, acerca de la génesis del delito, nivel de disposición y expectativas de la víctima, que les permita tomar decisiones, en el ámbito de sus atribuciones a través de la realización de una entrevista única realizada Finalmente, en el caso de menores de edad, se busca brindar protección oportuna a las víctimas a través de medidas de protección autónomas, solicitud de medidas cautelares al Tribunal y/o el envío de antecedentes al Tribunal de Familia, e informar preliminarmente a la víctima y su entorno más cercano, acerca del curso del proceso penal, reforzando los Para la concreción de estos objetivos, se debió realizar una fuerte coordinación y capacitaciones con las Policías, con el Servicio Médico Legal, con la red de peritos y con nuestros fiscales adjuntos, lo que se tradujo en el primer encuentro de Peritos Psicólogos Privados de la IV Región, encuentro en el cual, fiscales especializados capacitaron a estos peritos respecto de temas interés relacionados con la tipología de delitos sexuales, los contenidos esenciales necesarios en informes periciales, la teoría del caso y análisis práctico de peritajes, con el objeto de que contenidos de difícil asimilación para la ciencia de la psicología, fueran comprendidos de manera certera y muy útil, proyectando su futura utilización en la realización de pericias regionales. Con la realización de todas estas actividades y el mejoramiento de los procesos de trabajo asociados, se espera lograr en la región la implementación de un sistema especializado de atención a las víctimas de delitos sexuales y una persecución penal con un alto estándar de Adicionalmente, se realizaron capacitaciones en temas generales relativos a la persecución penal, a personal de la Policía de Investigaciones en cada una de las provincias de la región, lideradas por el equipo de Asesoría Jurídica y por el Fiscal Regional. Asimismo, se capacitó a funcionarios del Hospital de La Serena en temas relacionados con delitos sexuales, cadena de custodia de evidencias, conservación de muestras biológicas y obligaciones del personal En otro foco de trabajo, considerando la existencia de un sistema especial de ejecución de sanciones respecto de los adolescentes, se ha consolidado el Archivo Centralizado de Ejecución de Sanciones en la Fiscalía Regional de Coquimbo, lo que se traduce en una ayuda concreta a la gestión administrativa de las fiscalías locales al asumir esta tarea de información y coordinación por intermedio de la Fiscalía Regional. Durante el año 2011 se ha potenciado la comunicación con el Servicio Nacional de Menores, como asimismo, se ha mantenido permanente contacto con los organismos acreditados encargados de la ejecución de sanciones impuestas a adolescentes, lo que ha permitido hacer más expedito el ingreso de las denuncias efectuadas por SENAME y proporcionar a los profesionales de los programas que trabajan con los adolescentes imputados o condenados, la información que requieren a fin de que su intervención resulte idónea para lograr su reinserción social. De la misma manera, la Fiscalía Regional recibe información actualizada respecto del cumplimiento de medidas cautelares y sanciones a que se encuentran sujetos los Asimismo, en el primer semestre del año 2011, la Fiscalía participó en calidad de invitado en las visitas que realizó la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros Privativos de la Ley Nº 20.084, cuyo objetivo fue supervisar el respeto de los derechos de los adolescentes Otro proyecto de mejora que esta Fiscalía Regional ha seguido perfeccionando dada su relevancia y potencialidad, lo constituye la permanente coordinación interinstitucional con la Policía de Investigaciones de Chile para el análisis criminal y las investigaciones de delitos mediante el apoyo tecnológico de herramientas como la geo-referenciación. En el periodo, se logró rescatar importante información para relacionar casos que, de otra manera, podrían haber quedado sin solución, siendo aplicado a casos de delitos de robo con violencia en locales comerciales de La Serena; robos en departamentos en la Avenida del Mar, en la misma ciudad; robos a cajas fuertes en empresas; ilícitos donde intervinieron armas de fuego, y delitos de robos de cobre, cañerías y chatarras, entre otros. Un caso relevante resuelto mediante esta metodología lo constituyó una investigación en que se logró relacionar alrededor de 14 casos de delitos de robo con violencia e intimidación, condenándose a cuatro imputados, a uno de los cuales se le decretó una pena superior a los 18 años de presidio efectivo. Asimismo, este equipo realiza una importante labor para abordar las órdenes de detención dictadas por los Juzgados de la región que se encontraren Finalmente, para la realización de los juicios orales se concretó un importante proyecto de mejoramiento de las instalaciones de los Tribunales Orales de La Serena y Ovalle, con la finalidad de que los fiscales puedan realizar videoconferencias, circuitos cerrados de televisión y proyecciones de imágenes con una altísima calidad de audio y sonido. Este es un proyecto único a nivel país, que busca mejorar las condiciones en que víctimas, testigos y peritos deben concurrir a declarar ante los tribunales, facilitando su presencia en juicio, ayudando a disminuir la victimización y el riesgo que puede significar el acercamiento al imputado en audiencia. En este aspecto se reconoce el apoyo entregado por nuestro Director El mejoramiento continuo de la gestión jurídica solo puede lograrse si se recorre el mismo camino con los procesos administrativos o de soporte, área en la cual otra serie de proyectos han permitido servir de base para que la fiscalía permanentemente esté mejorando sus Una primera línea de acción estuvo basada en nuestra preocupación por incorporar, desarrollar y mejorar herramientas tecnológicas que le permitan hacer cada vez hacer más eficiente y eficaz la gestión de las fiscalías locales y tener un control acorde a las necesidades institucionales. Es así como el año 2011 se desarrolló e implementó regionalmente una herramienta de apoyo informático para contar con información en tiempo real relacionada con las perspectivas de gestión jurídica y los principales indicadores y metas, con reportes en línea que permiten además identificar las tendencias positivas o negativas, para que las fiscalías puedan tomar decisiones oportunas y adoptar las medidas correctivas que fueren necesarias en caso de constatarse alguna desviación en el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. En esta misma línea de acción, otro proyecto de mejora regional estuvo dirigido a la consecución de una iniciativa de mejoramiento del control de las condiciones acordadas en una suspensión de procedimiento, el cual fue diseñado e implementado fundamentalmente por Administradores de nuestras Fiscalías Locales, con el objetivo de contar con un proceso estandarizado que permita ejercer un control efectivo de las condiciones, especialmente aquellas que guardan relación con la obligación de concurrir a la fiscalía y acreditar el cumplimiento de las mismas, como la detección de casos en que sea necesario solicitar la revocación para proseguir con la investigación y en relación al control de los plazos establecidos por los Juzgados de Garantía, todo apoyado por la entrega de información específica en sistemas de apoyo informático útiles para la toma de decisiones. Otro proyecto desarrollado por nuestros Administradores Locales estuvo centrado en la gestión de especies incautadas y decomisadas, de tal forma de mejorar los procesos de trabajo relacionados con la recepción, custodia y salidas definitivas de especies, sea por medio de la entrega a sus dueños o por la entrega a los tribunales por ser los efectos que provengan del delito o los instrumentos con que se ejecutó. Los resultados en esta área de procesos muestran que se logró un superávit de un 44% de salidas definitivas de especies por sobre los ingresos, demostrando una mejora importante en estos procesos de apoyo. Finalmente, un tercer proyecto de mejora desarrollado por este equipo de trabajo de los Administradores, se centró en el mejoramiento de la atención de los abogados externos, con la incorporación de una sala especial de atención en la Fiscalía de La Serena, en la cual pueden revisar los antecedentes de las investigaciones, apoyado por la implementación de un sistema de entrega a través de internet de copias digitalizadas de carpetas que requirieren, con el consiguiente impacto en la disminución de los tiempos de espera, entrega Este proyecto guarda especial relevancia porque entendemos las necesidades de los abogados externos de acceder a los servicios que nuestra institución brinda, y nos ha permitido anticiparnos a los estándares que nacionalmente se están diseñando para cubrir estas necesidades de tal forma de estar preparados a nivel regional para otorgarles una En otra importante línea de trabajo, podemos destacar el Plan de Acercamiento a la Comunidad, mediante el cual, gracias a la planificación y ejecución de una importante cantidad de visitas a colegios, organizaciones vecinales, servicios públicos, entre otros, permitió dar a conocer directamente por fiscales y funcionarios, el rol y las funciones que corresponden a la Fiscalía de Chile y el tratamiento de delitos especiales como bullying, grooming, delitos sexuales, de drogas, robos, abigeatos, entre otros delitos tratados, jornadas en las cuales participaron más de 800 personas a nivel regional, encuentros que se realizaron en los Liceos Leonardo da Vinci de Vicuña y Pedro Regalado Videla de Andacollo, en el Consultorio de Salud Familiar de Las Compañías en La Serena, en el Cuerpo de Bomberos de Los Vilos, y en los colegios Santa Marta de Coquimbo y en Punitaqui, entre otros establecimientos educacionales y servicios públicos. Este acercamiento a la comunidad fue potenciado con la inauguración en el mes de Agosto pasado, del vehículo Fiscalía Móvil, que permitió tener un acercamiento más directo con víctimas y testigos en terreno, recibir denuncias directas, adoptar medidas de protección de carácter autónomas o requerimiento de cautelares al tribunal que fueren necesarias, derivar a la red asistencial en los casos que fuere pertinente y recoger los requerimientos de la comunidad a fin de mejorar continuamente el servicio, entre otras funciones realizadas, las cuales se desarrollaron especialmente focalizadas en localidades normalmente alejadas de los centros urbanos, tales como San Isidro en Vicuña, Manquehua en Combarbalá, El Manzano en Andacollo, Cárcamo en Illapel, Tongoy en Coquimbo, Coquimbito en La Serena, y las comunas de Punitaqui y Salamanca, entre otras. Cabe destacar que por estos días el Fiscamóvil ha estado prestando atención en la Avenida del Mar informando y difundiendo los En el contexto del potenciamiento de la atención y protección a víctimas y testigos, podemos señalar que nuestra preocupación por proporcionar una atención de calidad a los usuarios que efectúan requerimientos en las fiscalías de la Región de Coquimbo, ya sea en forma presencial, telefónica o web, y de satisfacerlos oportuna y adecuadamente, ha sido constante, concretándose también mediante diferentes proyectos en los cuales participaron fiscales y funcionarios. Un ejemplo de ello lo constituyó el Foro de Atención de Usuarios, cuyos objetivos específicos fueron identificar los principales procesos desarrollados por las fiscalías locales que involucren la atención tanto presencial como no presencial, establecer las mejores prácticas que permitieran aumentar la eficacia y la eficiencia en la atención de sus usuarios e identificar los problemas que aun permanecen en este ámbito, proponiendo las intervenciones necesarias que apunten a solucionarlos. Los resultados de este foro, en el que participaron fiscales y funcionarios, especialmente de la primera línea de atención, se focalizaron en los espacios de atención presencial, la evaluación y capacitación de los atendedores, la ubicación y uso de los elementos de seguridad, coordinación con las policías y detección e implementación de mejores prácticas en la atención. En el contexto de los Compromisos de Gestión Institucional, a nivel nacional se diseñó el Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU), el cual, en términos generales, tiene por objetivo mejorar la atención, percepción y satisfacción de los usuarios, mediante la coordinación e implementación gradual de los espacios de atención presencial, telefónica y virtual de la Fiscalía de Chile, estableciendo procesos de trabajo de acuerdo a la complejidad del servicio que se provee, con sus respectivos estándares y protocolos que permitan brindar una atención oportuna y de calidad, generando canales de comunicación recíproca entre nuestros usuarios y la institución. En este sistema, durante el año 2011, se implementó la atención telefónica a través de un Call Center Nacional con la línea 600 333 00 00, que permite a las personas acceder en forma rápida y expedita a información general sobre el proceso penal, que lidera la Fiscalía de Chile, sobre el estado de su causa, y sobre forma de realizar determinados Asimismo, en este sistema se trabajó con la Fiscalía Local de Ovalle la cual, junto a otras fiscalías locales del país, durante el presente año será pionera a nivel nacional en implementar el modelo de atención presencial, de tal forma de detectar aquellos servicios y procedimientos que sea necesario ajustar antes de su aplicación al resto del país. Finalmente, en el área de protección y atención a usuarios, durante el año 2011 se modificó el Reglamento que regula el Fondo de Aportes a Víctimas y Testigos para adecuarlo a las actuales necesidades de nuestros usuarios, asegurar la transversalidad de la atención y atender a la mayor cantidad posible de víctimas y testigos, lo que se complementó con una plataforma informática necesaria para apoyar la entrega de dichas prestaciones en los Durante el periodo, se entregaron más de 5.500 prestaciones a nuestros usuarios y se ejecutó el 99,9% del presupuesto entregado a la región, el que ascendió a la suma de 60.000.000 (sesenta millones de pesos) en los rubros de protección y apoyo. Estos esfuerzos plasmados en iniciativas regionales y la adecuada implementación de proyectos nacionales, permitieron a nuestro equipo regional ubicarse en el primer lugar en un estudio realizado a nivel nacional acerca de la calidad y orientación al servicio, en el cual se evaluaron cualitativa y cuantitativamente dimensiones tales como la adhesión a los valores institucionales, la orientación hacia la excelencia en la atención, la existencia de una cultura de orientación al servicio y la atención con calidad al interior de nuestro equipo regional. Por supuesto que este estudio nos llena de orgullo y nos reafirma que todas las directrices y el trabajo que se ha desarrollado regionalmente en esta importante tarea ha dado sus frutos, demostrando la alta dedicación que mantenemos por la consecución de la misión y la visión A mayor abundamiento, estos resultados se refrendan con el último estudio de satisfacción de usuarios realizado el mes de Noviembre pasado por una consultora externa, el cual arrojó un alto nivel de satisfacción de las víctimas y testigos que declaran en nuestras fiscalías locales en relación con el servicio recibido de acuerdo al modelo de atención OPA (Orientación, Protección y Atención); en efecto, sobre el 70% de los consultados evaluó con nota entre 5 a 7 el servicio brindado. En tanto, el nivel de satisfacción con el servicio recibido en el marco del modelo de intervención inmediata a víctimas de violencia intrafamiliar (VIF), alcanzó en el mismo estudio, un porcentaje superior al 80% de satisfacción. Por último, la medición de satisfacción en base a las víctimas que declararon haber sido informadas de la sentencia definitiva aplicada a su causa (condenatoria o absolutoria), superó el 75% de En otro ámbito del mejoramiento continuo de la gestión administrativa, orientada a potenciar el capital humano de nuestra institución, se desarrollaron proyectos tendientes a mejorar las condiciones laborales de fiscales y funcionarios, en base a lo cual se ejecutaron acciones principalmente orientadas a las perspectivas de claridad organizacional, respaldo organizacional, comunicación, motivación por el trabajo, cooperación entre unidades, liderazgo, organización en el trabajo, identificación con la institución y a los factores físico- ambientales y de seguridad laboral. Estos proyectos de intervención dan cuenta de nuestra preocupación por la calidad de vida de nuestro equipo regional. En este mismo ámbito, la permanente capacitación de nuestros fiscales y funcionarios, centrada en el aprendizaje basado en el modelo de gestión por competencias implementado para nuestro desarrollo organizacional, nos ha permitido realizar, a través del sistema de formación, nivelación y perfeccionamiento tanto centralizado para la Fiscalía de Chile como del Plan Regional de Capacitación, en 22 cursos impartidos, significando que, en promedio, cada fiscal y funcionario fue capacitado aproximadamente en dos oportunidades en el periodo, con una ejecución de presupuesto regional que alcanzó los $5.179.000. En el ámbito de las capacitaciones, cabe destacar nuevamente a tres miembros de nuestro equipo regional, los cuales formaron parte de equipo de relatores que a nivel nacional impartieron los cursos de mejoramiento continuo, gestión de recursos físicos y financieros y de calidad de servicio y atención de usuarios, áreas en que tienen gran experiencia ya que nuestra región ha demostrado ser líder nacional. Especial mención es la adscripción a un proyecto de mejora denominado GPS que es guiado por la ACHS y dirigido a contar con un programa de prevención de riesgos laborales, el cual, gracias a una planificación anual de actividades tendientes a identificar los principales riesgos a que nos encontramos sometidos, definir las responsabilidades que corresponden a los distintos estamentos, capacitar a nuestros fiscales y funcionarios en la prevención de los mismos y contar con equipamiento y procedimientos adecuados, nos ha permitido disminuir en más de un 50% la tasa de accidentabilidad en el periodo. En el área del capital humano es necesario recalcar que, por séptimo año consecutivo, nuestra región fue nuevamente elegida para la aplicación de exámenes para detectar eventuales consumos de drogas, con resultados de un 100% de negatividad. Como consecuencia de todas las iniciativas asociadas al desarrollo de recursos humanos explicitadas, es que al entregarse los resultados de la tercera encuesta nacional de Clima Organizacional aplicada en el mes de Noviembre, nuestra región ha demostrado una mejora sustantiva en los resultados, logrando el segundo lugar a nivel nacional, lo cual refuerza la idea de que gracias al trabajo mancomunado que hemos realizado con todo el equipo regional, seguimos demostrando un alto grado de compromiso que mantenemos desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, a pesar de deber soportar cargas de trabajo crecientes y Pero las acciones que realiza la Fiscalía Regional no solo van orientadas al desarrollo de los resultados, competencias y mejoramiento del clima de nuestros fiscales y funcionarios sino que, entendiendo la responsabilidad social que le cabe a nuestra institución y su necesaria inserción en la sociedad, permanentemente hemos realizado acciones que generen valor a la comunidad. Es así como, año a año, para la celebración de sus fiestas navideñas apoyamos a niños de escasos recursos y que han sido víctimas de delitos, actividad que se realiza en todas nuestras fiscalías para lo cual cabe un reconocimiento a nuestro equipo regional que, con esfuerzos propios, logra realizar una importante actividad en beneficio de los niños más Otro de los proyectos relevantes en este contexto, lo constituye un convenio con la Universidad Católica del Norte para la formación profesional de estudiantes y la realización de pasantías académicas de alumnos de la carrera de Derecho. El convenio está dirigido a alumnos de cuarto o quinto año y la pasantía se dará en el contexto de la asignatura “Práctica Procesal Penal”, por aproximadamente 3 meses cada ciclo, siendo los alumnos seleccionados asignados a la Fiscalía de La Serena y Coquimbo, para que puedan tener la visión de cómo trabajamos en las fiscalías y cuales son nuestros Adicionalmente y, siguiendo esta misma orientación, hemos mantenido la política de recibir alumnos en prácticas y tesistas, los cuales en el periodo alcanzaron la cantidad de 22 alumnos de las carreras de técnico jurídico, asistente social, secretariado e ingeniería civil, quienes pudieron adquirir una importante experiencia en las funciones que como servicio público cumplimos preparándose para su ingreso al mundo laboral. Toda institución privada o pública tiene responsabilidad social en el sentido de abrir las puertas en orden a mostrar lo que se hace, enseñando a futuros profesionales y hay mucho interés de nosotros como Fiscalía en dar estas oportunidades. Por último, para el desarrollo de todos estos proyectos y de la operación general de nuestras fiscalías, la región realiza permanentes esfuerzos para concretarlos mediante un uso eficiente de los recursos otorgados. En el periodo, la Fiscalía Regional contó con un presupuesto total anual de $4.330.767.000 (cuatro mil trescientos treinta millones setecientos sesenta y siete mil pesos), los cuales se ejecutaron en un 99,9%, lo que sigue dando cuenta de un uso riguroso y austero de las finanzas públicas de la Fiscalía Regional de Coquimbo. El resultado de las investigaciones en casos de relevancia e interés para la comunidad
Esta Fiscalía Regional ha logrado, como se indicó anteriormente, resultados que nos permiten afirmar que nuestra región ha mejorado continuamente los resultados en la persecución penal y en la protección a víctimas y testigos. En este contexto, resulta necesario explicitar algunos casos que han sido resueltos mediante sentencias condenatorias en el periodo por la trascendencia social que han tenido: 1º En Coquimbo se obtuvo la condena de un imputado a la pena de presidio perpetuo simple, como de autor de 7 delitos de robo con intimidación; 1 delito de robo con violencia; 1 delito de robo en lugar habitado y un delito de robo con intimidación con ocasión del cual además se cometió violación en la persona de la víctima. Los hechos investigados en esta causa constituyeron una seguidilla de ilícitos ocurridos en la comuna de Coquimbo, que culminaron 2º En el caso conocido como “El Homicidio del Empalme”, logramos la condena para 4 adolescentes ascendente a 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, como autores de un delito de robo con homicidio ocurrido en perjuicio de un joven de 25 años, delito ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre del año 2010, en 3º En un caso de la comuna de Illapel, un imputado fue condenado a la pena de 4 años de presidio, como autor de un delito de estupro cometido en contra de su hija de 17 años de edad. Este caso resultó particularmente por complejo, en atención a la naturaleza del delito, la edad de la víctima y relación de parentesco con el acusado. 4º En Ovalle, se logró condenar a una mujer por el delito de aborto malicioso luego de que la Fiscalía lograra acreditar que la acusada remitió, previo concierto y vía encomienda desde Santiago a la comuna de Ovalle, una valija contenedora de píldoras de Misoprostol dirigida a una adolescente de 17 años de edad, con el fin de provocar el aborto de una criatura de aproximadamente 13 semanas y 5 días de gestación. 5º En la comuna de Coquimbo se condenó a un imputado como autor de un delito de violación, cometido en contra de la persona de su madre, a la pena de 10 años y un día de 6º En La Serena, a raíz de un accidente minero, se condenó a un acusado como autor de un cuasidelito de homicidio en la persona de un trabajador que falleció a causa del derrumbe de la mina, en los momentos que efectuaba labores de extracción de mineral. En el juicio, la Fiscalía logró acreditar el incumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera por parte del dueño y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el desenlace fatal, condenándose al dueño de la mina a la pena 1 año de presidio y al pago de $150.000.000 a favor de la cónyuge de la víctima. El otorgamiento de beneficios para el cumplimiento de la pena quedó supeditado al pago íntegro de la indemnización civil. 7º En la comuna de Andacollo, una mujer fue condenada por el delito de obstrucción a la investigación, al lograrse acreditar la falsedad de los hechos denunciados en un supuesto delito de violación en base al cual dos supuestos imputados permanecieron privados de libertad, siendo posteriormente puestos en libertad atendida la mendicidad de la denuncia. 8º La Fiscalía logró otra condena para un imputado como autor de un delito consumado de homicidio calificado, ocurrido en la localidad del Romero, La Serena, a una pena de 10 años de presidio efectivo, en la cual la Fiscalía logró acreditar la circunstancia calificante de 9º En la investigación conocida como “caso ovoides”, un ciudadano peruano fue condenado como autor de un delito de trafico ilícito de estupefacientes, a la pena de 4 años de presidio al haber sido sorprendido portando y transportando en el interior de su organismo 99 ovoides de látex contenedores de 1 kilo 125 gramos de clorhidrato de cocaína. Este caso resultó particularmente complejo para la Fiscalía por cuanto debió sortear resoluciones de ilegalidad de la detención y exclusiones de pruebas, que finalmente fueron revocadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena. 10º En otro caso de la comuna de Coquimbo, la Fiscalía logró condenar a un acusado como autor de 2 delitos continuados de violación impropia, dos delitos continuados de abuso sexual y dos delitos de abuso sexual impropio cometido en contra de 3 víctimas menores de edad, una de las cuales era la hija de su ex conviviente. 11º Finalmente, en una investigación por un delito cometido en la comuna de Coquimbo, dos imputados, uno de ellos adolescente, fueron condenados como autores de un delito consumado de robo con violación cometido en perjuicio de otro menor de edad, imponiéndoles el tribunal la pena de 17 años de presidio efectivo respecto del imputado adulto y 8 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, Las dificultades presentes en el ejercicio de la acción penal pública y las propuestas
para su superación.
En el curso del año 2011, especialmente en los últimos meses, la Fiscalía de Chile fue objeto de diversos críticas, algunas infundadas o derechamente poco justas, que no dicen relación con el esfuerzo permanente que todos sus integrantes, encabezados por el Sr. Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales de todo el país, realizan día a día a fin de dar cabal y fiel cumplimiento a las funciones y obligaciones que la Constitución Política de la República de Chile les encomienda. Fue así que se afirmó que los fiscales adjuntos eran “flojos” o “negligentes” y, para sostener tales calificativos, se adujeron casos concretos por los medios de comunicación lo que, ante la opinión pública, puede provocar que se entienda que la Fiscalía es responsable por el aumento en los índices de victimización y delincuencia. Tales juicios valorativos a la actuación de la Fiscalía de Chile soslayan la decisión que el Estado Chileno que comenzó a adoptar ya a partir de fines de la década de lo 90, de establecer una institucionalidad concreta que claramente distinguiera dos líneas básicas de acción en la problemática delictiva, efectuando una distinción y distribución de funciones en relación a la labor de prevención y control de la delincuencia y, por otra, en la tarea de investigar, perseguir y procurar la sanción penal frente a la comisión de un delito (actividad Así, con la publicación de la Ley Nº 20.502 y antes de ella de otros cuerpos legales como la Ley Nº 19.212, las tareas de prevención, control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social fueron atribuidas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a quien, además, se le otorga la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública interior, orden público, prevención, rehabilitación y reinserción social. Por su parte, en el ámbito represivo, le corresponde a la Fiscalía de Chile la misión y función de dirigir en forma exclusiva las investigaciones criminales, ejercer, cuando resulte procedente, la acción penal pública instando por resolver adecuada y oportunamente los diversos casos penales, adoptando las medidas necesarias para la atención y protección de víctimas y testigos, todo ello a fin de contribuir a la consolidación de un Estado de Derecho, De esta forma, se establece claramente una distribución de funciones concretas entre organismos del Estado a fin de hacer frente a la problemática de la delincuencia, con funciones, deberes y obligaciones diversas según el área de competencia específica de cada Sin embargo, las críticas ya expuestas a la labor de la Fiscalía de Chile también omiten que, para cumplir su misión, la Fiscalía requiere, indispensablemente, la cooperación y ayuda de otros organismos públicos, denominados “organismos auxiliares” y que, en general, el sistema procesal penal funcione adecuadamente, acorde a la realidad delictual, a la demandas de justicia penal, al desarrollo de la tecnología y a formas de delincuencia organizada que se han presentado en un país que busca desarrollarse, todo con el fin de satisfacer adecuadamente las necesidades que la comunidad exige en materias de seguridad ciudadana y de castigo frente a la comisión de un delito. En este sentido y como parte de los contenidos que es necesario reflejar en esta cuenta pública, cabe destacar aquellos aspectos que presentan algún mayor o menor grado de dificultad para desarrollar nuestras funciones y cumplir la misión que constitucionalmente nos corresponde. Empero, también se debe acentuar la absoluta disposición de nuestra institución a colaborar, coordinarse y trabajar mancomunadamente con todas las autoridades, personas o instituciones que están inmersas en el sistema de justicia criminal. Nuestra autonomía constitucional, necesaria e intransable nunca se ha entendido, ni se debe entender hoy, como aislamiento. Y respecto a las críticas constructivas que las autoridades o la comunidad hagan al Ministerio Público, no sólo las escuchamos sino que, si tienen un fundamento en la realidad o en errores reales de nuestra institución, las acogemos y las tomamos como un incentivo para seguir mejorando. Dentro de estas dificultades más sensibles se encuentra el hecho de que la información contenida en los partes policiales resulta, a veces, insuficiente, impidiendo que los fiscales puedan adoptar una decisión adecuada y legalmente procedente. En muchas ocasiones, no se consignan los antecedentes necesarios para una adecuada resolución de una asunto penal; no se acompañan declaraciones de los víctimas o testigos; no existen constancia oficial de las lesiones si existieren; no hay adecuados empadronamientos de testigos; los datos que permitan identificar correctamente a los imputados son vagos o inconsistentes; en definitiva, no se agotan las primeras diligencias que pueden realizar las policías sin orden previa del fiscal. Lo anterior, lleva a la falta de antecedentes precisos y concretos para resolver adecuadamente las investigaciones, facilitando muchas veces la posibilidad de que se declare ilegal una detención, generando con ello una sensación de impunidad para la sociedad y de insatisfacción en las víctimas. Por este motivo se hace necesario el constante uso de la Guía Práctica de Instrucciones Generales para la Policía a que se hizo referencia y es esperable que se mejore sustancialmente a medida que su uso se masifique al interior de las Unidades Policiales. Lo mismo ocurre con los auto-reportes que se han mencionado anteriormente en esta cuenta pública, los que son un instrumento necesario para mejorar la pronta contactabilidad de las víctimas. Con lo anterior, no se pretende enjuiciar negativamente el trabajo policial, el cual resulta una ayuda esencial e indispensable para la Fiscalía en la tarea de investigar y de perseguir a sus posibles autores, cooperación que se demuestra y materializa claramente en cada juicio oral y en cada condena que se ha obtenido en el curso del presente año y en las sentencias que se han comentado anteriormente, pero que indudablemente podemos y debemos, coordinadamente, mejorar, debiendo acrecentar aún mas el contacto diario con ambas policías, a fin de buscar soluciones eficientes y eficaces a estos problemas, a objeto de lograr mejores resultados en el ámbito de la persecución criminal y en la baja de los archivos provisionales en los delitos contra la propiedad. Muchos de los problemas antes expuestos han sido considerados por el Sr. Director General de Carabineros de Chile, quien coordinadamente con el Sr. Fiscal Nacional, han realizado diversas reuniones de trabajo destinadas a mejorar el contenido de los partes policiales, la información que se entrega en ellos y procurar soluciones informáticas que permitan contar con un parte electrónico que facilite la actuación de la Fiscalía. Consecuentemente con ello, el actual general de la IV Zona de Carabineros, General Jorge Fernández, ha manifestado su interés y voluntad en hacer frente a estos inconvenientes, a fin de procurar una mejoría de la información que se entrega a las Fiscalías a objeto de adoptar adecuadas decisiones, ofrecimiento que claramente, como Fiscalía Regional, tenemos el máximo interés en desarrollar y al cual nos comprometemos en trabajar conjuntamente. En el mismo sentido, consideramos que resulta esencial avanzar en la implementación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la persecución penal, tanto a la Fiscalía como a las ambas policías, especialmente para las investigaciones que requieren interceptaciones telefónicas, filmación de procedimientos, registros fotográficos, cartografías digitales para georeferenciación y detección de sectores donde se estén reiterando los Asimismo, se hace indispensable contar con un banco de datos unificado y actualizado de personas respecto de las cuales exista una orden de detención pendiente, al cual tenga acceso Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, la Fiscalía y los Tribunales de Justicia y que permita no sólo acceder a la información, sino a la copia de la orden, elementos mínimos necesarios para proceder a su cumplimiento, lo que se encuentra pendiente desde el año 2008 con la publicación de la Ley Nº 20.253. Un área especialmente sensible para la investigación penal la constituye el Servicio Médico Legal el cual consideramos debe ser debidamente potenciado a lo largo del país por medio de la asignación de más recursos económicos, humanos y tecnológicos, a fin de que pueda realizar oportuna y adecuadamente los diversos exámenes y pericias que resultan esenciales en la investigación de delitos de homicidio, lesiones, sexuales, y otros que requieren necesariamente su intervención y opinión científica. Resulta esencial que el Servicio Médico Legal posea la infraestructura, medios tecnológicos y profesionales que permita realizar informes psiquiátricos, de lesiones, químicos, toxicológicos y otros que la medicina forense requiere. Se requiere urgentemente de recursos financieros y profesionales para el cumplimiento de turnos durante los fines de semana especialmente frente a delitos sexuales, atendiendo la urgencia de recabar pruebas biológicas y para la asistencia de profesionales legistas a los sitios de suceso relevantes, como en los delitos de homicidio. Su Unidad de Responsabilidad Médica, la cual sólo funciona en la ciudad de Santiago, requiere idénticos medios para poder emitir sus informes en plazos adecuados atendida la alta demanda que significan los casos de negligencias médicas y la congoja para quienes son víctimas, informes que en la actualidad tardan alrededor de dos años en ser emitidos. Igualmente indispensable resulta modificar la Ley Nº 20.000 o potenciar a los Servicios de Salud del país a fin de que puedan efectuar en forma oportuna y eficiente los informes de análisis de las sustancias incautadas con motivo de la infracción al referido cuerpo legal. Actualmente, tales informes de análisis son realizados por los laboratorios dependientes de la Seremi de Salud en el caso de la marihuana y por el Instituto de Salud Pública en relación a la cocaína u otras drogas en polvo o fármacos, único organismo público que lo hace en Chile, lo cual provoca largos períodos de espera para la realización de las pericias, a pesar del gran esfuerzo que hacen los peritos de tales entidades en responder oportunamente, pero, frente a la creciente incautación de drogas, las cargas de trabajo son cada vez mas altas y los tiempos de espera en la ejecución más extensos, provocando diversos problemas en las investigaciones por tráfico ilícito de drogas. La destinación de personal policial, especialmente de Carabineros de Chile, a tareas eminentemente preventivas y la concentración de determinas facultades en tal institución ajenas a su rol, como la fiscalización de diversas normas administrativo-sancionadoras, llevan a dificultar la creación y mantenimiento de equipos investigativos que permanentemente se coordinen con los fiscales adjuntos en las tareas de investigación de delitos, a fin de lograr reunir todos los medios de prueba que son necesarios para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a todos los habitantes del país y poder hacer efectiva la eventual responsabilidad penal que le pueda corresponder a un imputado en la comisión En el ámbito procesal estimamos necesario revisar el sistema de recursos en el Código Procesal Penal de tal forma que permita recurrir contra resoluciones que se dictan en las solicitudes que realiza la Fiscalía de autorización de diligencias, especialmente de interceptación telefónica o de entrada y registro a lugares cerrados, algunas de las cuales son negadas dificultando la investigación de delitos que requieren tales actuaciones como los de tráfico de drogas y en ocasiones en que se otorgan por plazos sumamente breves para su ejecución, incluso por minutos de validez, que provocan dificultades serias en la investigación. Lo mismo ocurre con las solicitudes de órdenes de detención, respecto de las cuales no resulta posible recurrir al ser negativas o se otorgan para ser cumplidas en plazos En el mismo orden, es necesario revisar legislativamente los plazos de investigación decretados para evitar casos en que éste se ordena por un periodo excesivamente exiguo, incluso por pocos días en delitos graves, afectando la posibilidad de ejercer la acción penal pública en forma adecuada. En el mismo contexto, resulta indispensable avanzar con los tribunales en mejorar la coordinación concordando criterios de funcionamiento y estándares de actuación que todos los actores del proceso penal requieren. En el mismo ámbito legal, es indispensable, frente a la cada vez más organizada comisión de delitos, contar con medios técnicos de investigación que no son posibles de utilizar en la investigación de cualquier delito. Así, es esencial permitir la existencia de figuras como los agentes reveladores y encubiertos en la generalidad de los delitos, especialmente en aquellos en que claramente existe una forma de agrupación y organización como el robo de vehículos motorizados; permitir la interceptación telefónica en relación a simples delitos y no sólo de crímenes como actualmente lo contempla el Código Procesal Penal; involucrar a los profesionales médicos que prestan servicios en recintos hospitalarios públicos y privados en sus obligaciones frente a la comisión de determinados delitos, como ocurre con los homicidios, lesiones y especialmente delitos sexuales a fin que posean los medios y conocimientos técnicos que permitan recabar pruebas biológicas, conservarlas y custodiarlas Igualmente, se hace indispensable modificar los artículos 19 y 180 del Código Procesal Penal, a fin de hacer obligatorio para las entidades privadas la realización de actuaciones y/o entrega de información a las Fiscalías Locales, especialmente instituciones bancarias, de telecomunicaciones, hospitales y clínicas privadas y otras empresas cuando la entrega de información o antecedentes, como filmaciones de cámaras de seguridad, tráfico de llamadas telefónicas o fichas clínicas, son necesarias para desarrollar una investigación penal y no se Igualmente, se hace indispensable una modificación legislativa que permita proteger debidamente a víctimas y testigos frente a su concurrencia a declarar en juicios, evitando que se difundan datos personales como teléfonos, domicilios o lugares de trabajo, a fin de reducir el temor a prestar testimonio en juicio y lograr, de esta forma, reunir medios de prueba que permitan a los tribunales de justicia hacer efectiva la responsabilidad penal y adoptar, en forma posterior a la declaración, medidas reales y efectivas de protección. Asimismo, tratándose de víctimas y testigos menores de edad, de personas afectadas por delitos sexuales, por delitos terroristas, delitos contra la vida o de alguna forma de criminalidad compleja, debe también permitirse la utilización generalizada de medios tecnológicos para prestar sus declaraciones o asegurar su concurrencia a juicio, sea por medio de video conferencias u otros mecanismos que procuren disminuir el temor a declarar, evitar la victimización, facilitar su concurrencia a juicio y asegurar su protección. Finalmente, en el ámbito legislativo, resulta necesaria y urgente la revisión y modernización íntegra de nuestro Código Penal, en cuanto a los tipos penales y las sanciones que contempla, a fin de adecuarlo a las actuales necesidades y realidad criminal de nuestro país, como también respecto de la necesidad de modernizar el sistema de beneficios alternativos que la ley Nº18.216 contempla para el no cumplimiento efectivo de una pena privativa de Consideraciones finales.
Para poder seguir mejorando los resultados en la gestión de la Fiscalía de Chile y evitar que la alta carga de trabajo que actualmente soportan los equipos locales ponga en riesgo el cumplimiento de nuestra misión, es necesario reiterar, como se ha expuesto en cuentas anuales anteriores y ha sido explicitado por nuestro Fiscal Nacional, que resulta imprescindible que el Plan de Fortalecimiento de nuestra institución sea aprobado y se transforme en ley para su pronta implementación, y así poder dar cobertura a las necesidades que la comunidad exige en forma cada vez más amplia ante la realidad delictual Este Plan ha sido avalado no solo por investigadores nacionales sino incluso internacionalmente por medio del estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el cual avala la necesidad de dotar a la fiscalía del capital humano necesario para la creación de la Fiscalía Supraterritorial que se aboque la investigación de investigaciones de alta complejidad; el potenciamiento del control de las suspensiones condicionales de procedimiento; el nuevo modelo de atención a víctimas y testigos; y los ajustes a los procesos relacionados con la criminalidad compleja y menos compleja. Este es un proyecto que beneficia a todo el país en un ámbito de relevancia para la sociedad como es la justicia y su concreción ayudará a la consolidación del Estado de Derecho. Agradecimientos:
Agradecer, primeramente a los fiscales y funcionarios de la Región de Coquimbo Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile SML, Servicio de Salud, Servicio del Registro Civil e Identificación, Servicio de Impuestos

Source: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/documentos/ctasPublicas/2011/ctaPublica_%20COQUIMBO.pdf